En el contexto actual, en el cual, por un lado, la normativa demanda un mayor respeto de los principios de sostenibilidad social, y, por otro, los consumidores cada vez son más exigentes con el impacto de las políticas empresariales, resulta clave que las empresas fomenten su responsabilidad social.

En el año 2015, Naciones Unidas adoptó un plan para lograr un mejor futuro para todos: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a alcanzar en 2030. Alcanzar estos objetivos beneficiará a todos los sectores de la sociedad, por lo que la empresa también ha de asumir un papel importante en su consecución. De hecho Naciones Unidas considera que: “Para las empresas, la implementación exitosa de los ODS generará un contexto más favorable para la realización de negocios y la generación de mercados en todo el mundo”. A nivel europeo, estas exigencias se reflejan en la Directiva de divulgación de información no financiera (Directiva 2014/95).

Por otro lado, en la realidad actual, las entidades sociales -ONGs, órganos de acción social de la Administración Pública, iniciativas ciudadanas, etc.- necesitan ser cada vez más innovadoras, profesionales y competitivas si quieren aprovechar los recursos disponibles -habitualmente escasos- para el mayor impacto social posible. Para ello, han de tender puentes con otras organizaciones, construir alianzas estratégicas inter-sectoriales e incorporar una gestión que a nivel operativo cada vez más se asimila a la de la empresa, sin obviar por supuesto su misión de cambio social. Estamos en un momento en el que las organizaciones híbridas y aquellas capaces de adaptarse al cambio de contexto son las que más de consolidan en un entorno cambiante y las que consiguen el mayor impacto social.